Burkina Faso debe priorizar urgentemente la protección de los civiles en medio de su lucha en curso con los rebeldes armados, ha manifestado Human Rights Watch (HRW) en un informe.
La ONG declaró el martes que el gobierno puso a la gente en "riesgo innecesario" durante un ataque de un grupo armado a principios de este año. Al menos 133 personas murieron a manos de la organización Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vinculada a Al Qaeda, en agosto.
El incidente en la parte central del país fue uno de los más mortíferos de este año, ya que Burkina Faso sigue siendo devastado por los ataques de grupos armados.
Los aldeanos de la comuna de Barsalogho, a 80 kilómetros de la capital, Uagadugú, se vieron obligados a ayudar a las fuerzas de seguridad a cavar trincheras para proteger los puestos de seguridad y las aldeas. Los combatientes del JNIM abrieron fuego contra ellos, según testigos citados en el informe.
Se informó de que muchos aldeanos, que no fueron indemnizados por cavar las trincheras, se negaron a ayudar por temor a quedar expuestos a los ataques. Sin embargo, el informe dice que fueron obligados por los militares, mediante amenazas y golpizas, a llevar a cabo la tarea.
El JNIM, que se atribuyó la responsabilidad del ataque del 24 de agosto, dijo que atacó a los aldeanos porque los consideraba combatientes afiliados al Estad
HRW dijo que confirmó los asesinatos a través de análisis de video y relatos de testigos, y agregó que docenas de niños también fueron asesinados y al menos 200 personas más resultaron heridas, calificando el ataque como "un evidente crimen de guerra".
"La masacre de Barsalogho es el último ejemplo de las atrocidades cometidas por grupos armados islamistas contra civiles a los que el gobierno ha puesto en riesgo innecesario", dijo Carine Kaneza Nantulya, directora adjunta para África de HRW. "Las autoridades deben dar prioridad urgente a la protección de la población civil."
Sin embargo, el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, rechazó las afirmaciones de HRW y señaló que el trabajo forzoso está prohibido por ley y que las acusaciones de que los militares obligaron a la gente a cavar la trinchera "no están probadas".
Combatientes vinculados a Al Qaeda y al grupo EIIL (ISIS) han matado a miles de personas y desplazado a más de dos millones en Burkina Faso, con la mitad del país fuera del control del gobierno.
La violencia derivó en dos golpes de Estado en 2022. Sin embargo, el gobierno militar ha tenido dificultades para cumplir su promesa de poner fin a la violencia a pesar de buscar nuevas asociaciones de seguridad con Rusia y los países vecinos de África Occidental.
La dependencia del gobierno de los grupos civiles armados, conocidos como Voluntarios para la Defensa de la Patria, también está poniendo en peligro a los civiles, dijo Ilaria Allegrozzi, investigadora principal del Sahel en HRW, a la agencia de noticias The Associated Press.
En la fotografia de cabecera: Desplazados esperan ayuda en un pueblo de la zona de Dablo, Burkina Faso [Archivo: Luc Gnago/Reuters]
